Tal vez el tema más revolcado en internet durante la semana pasada, al menos después de las protestas contra las iniciativas de ley
SOPA y
PIPA, fue el cierre del popular sitio de descargas
Megaupload por mandato federal de una corte de los Estados Unidos.
A todos nos gusta tener acceso rápido a material gratuito, pero encuentro ridículos algunos de los argumentos empleados en defensa del desaparecido sitio.
Es cierto que no todo el material almacenado era de procedencia ilegal y que algunos usuarios que utilizaban el servicio para almacenar material propio o distribuir contenidos legales entre conocidos, amigos y clientes se vieron afectados por el cierre, pero es un hecho que la empresa incurrió en varios delitos y las autoridades tienen todo el derecho de detener por completo sus operaciones mientras se concluye la investigación.
Lo más reciente en el tema viene en forma de una teoría de conspiración.
Megaupload estaba trabajando en la creación de un sitio de descargas legales de música, mismo que llevaría por nombre
Megabox, el cual funcionaría como una alternativa a tiendas virtuales como
iTunes.
Aparentemente el servicio estaba prácticamente listo para iniciar operaciones, con un esquema de negocios más amigable con los músicos y creadores, y contando incluso con un sistema de compensación a quienes ofrecieran su música de manera gratuita.
Obviamente la detención de
Kevin "Dotcom" Schmitz y sus colaboradores y asociados impedirá el lanzamiento del sitio a corto plazo y su futuro ahora es incierto. Si bien el tiempo del cierre y las detenciones puede parecer sospechosamente conveniente para los intereses de disqueras y servicios como el mencionado
iTunes, lo cierto es que la investigación del FBI acerca de las operaciones del sitio se remonta al 2006, aunque fue hasta 2009 que un hecho en particular le dio prioridad a la investigación.
Ese año,
Gilberto Sánchez, un empleado de la
Fox, distribuyó a través de
Megaupload una copia no terminada de la película
X-Men Origins: Wolverine. Lo que llamó la atención de las autoridades fue el hecho de que no usó ningún otro servicio similar o P2P para distribuir la película. Pronto descubrieron que los administradores del sitio ofrecían recompensas económicas a aquellos usuarios responsables de compartir a través del sitio el material más popular en las búsquedas de internet.
En cuanto localizaron usuarios estadounidenses que habían recibido pagos a través de
PayPal, empresa respaldada por bancos norteamericanos, trasladaron las pesquisas a la búsqueda de los archivos en territorio norteamericano.
Megaupload tenía alquilados 25 millones de Gb para almacenamiento con la empresa
Carpathia Hosting, ubicada en Virginia, Estados Unidos. De acuerdo con el FBI, en ellos se encontraron más de 30 películas protegidas por las leyes locales, además de pornografía infantil y videos con material de naturaleza terrorista.
En junio de 2010 las autoridades federales informaron de manera formal a
Megaupload que su empresa se encontraba bajo investigación. Las disqueras y estudios de cine colaboraron todo el tiempo en la investigación, y fue
Warner Brothers quien proporcionó una de las últimas piezas en la investigación. Al igual que la mayoría de servicios similares,
Megaupload se deslindaba de toda responsabilidad por el material compartido por sus usuarios, y ofrecía la posibilidad de reportar la presencia de material protegido para su remoción del sitio.
El problema es que imponía además un límite a la cantidad de archivos que una empresa podía solicitar fuesen removidos de 2500 diarios.
Warner solicitó que se eliminara ese límite, pues lo consideraba insuficiente dada la cantidad de archivos de su propiedad alojados en los servidores del sitio.
De entre los correos intervenidos y revisados por el FBI, resalta un intercambio entre
Mathias Ortman, responsable tecnológico de la empresa, y
Schmitz.
Ortman sugería acceder a la petición de remover el límite, afirmando que el crecimiento sostenido del sitio les permitiría hacerlo sin ver afectados sus ingresos económicos.
Schmitz se rehusó, afirmando que nunca aceptaría la remoción sin límites e instruyó a
Ortman que duplicase a 5000 los retiros permitidos. Ese acto de negligencia puso en marcha los eventos que llevaron al cierre del sitio. Hace un par de semanas el FBI volvió a revisar los servidores en Virginia, y al descubrir que la gran mayoría de los archivos hallados ahí seguían disponibles para descargar, inició el proceso que llevó a la detención de
Schmitz,
Ortman y dos colaboradores más, acusados por piratería en internet, vulneración de los derechos de autor, crimen organizado y lavado de dinero. El día de hoy se puso en libertad bajo fianza a los otros dos detenidos, en tanto que la situación de
Ortman se decidirá mañana. El juez ha determinado que a
Schmitz no se le puede permitir la fianza, pues existe un riesgo real de que intente abandonar el país.
Por lo pronto, los efectos del cierre del servicio se han empezado a notar en sitios similares.
Filesonic ha suspendido todos los servicios de descarga de archivos compartidos, permitiendo a sus usuarios descargar únicamente material que ellos mismos hayan subido al sitio, y algunos otros servicios han comenzado a mostrar una mayor rapidez en la remoción de archivos reportados. De momento no se ha visto un incremento en el uso de torrents y redes P2P, pero habrá que seguir de cerca el desarrollo del caso y sus posibles secuelas.
